Última actualización: 30 enero, 2023
Las regulaciones en Latinoamérica avanzan cada vez más con la intención de generar un clima de cumplimiento y transparencia. Así como cada país está debatiendo o sancionando leyes para regular las criptomonedas, también se discuten normativas para estandarizar el compliance.
En el caso de las criptomonedas, los países buscan establecer marcos regulatorios que eviten el lavado de activos y brinden seguridad a los usuarios. Por otro lado, las leyes de trasparencia e integridad tiene por objetivo lograr que el Compliance Corporativo sea una práctica común en todas las empresas. En esta nota te contamos el panorama de la región a través de los tres casos más recientes: Brasil, Chile y Argentina.
Ley Bitcoin en Brasil
En diciembre Brasil sancionó su Ley Bitcoin para regular las criptomonedas convirtiéndose en unos de los pocos países que reguló este tema por ley.
La ley determinó que la Comisión Nacional de Valores (CVM) será la encargada de regular los criptoactivos que se consideren “valores”. Más adelante, el Poder Ejecutivo indicará qué organismo se encargará de los activos digitales que no se consideren “valores”.
Por otro lado, la Ley Bitcoin introdujo una novedad: permite que las entidades públicas puedan realizar operaciones con criptomonedas. Además, establece una pena de prisión entre cuatro y ocho años más multas para los delitos de fraude y estafas con cripto.
La industria tiene un plazo de 180 días para adaptarse a esta ley ya que los proveedores de servicios, como los exchanges de criptomonedas, podrán operar en el país sólo bajo autorización del gobierno.
Los puntos más importantes de la Ley Bitocin implican:
- Reconocer al Bitcoin como una representación digital de valor.
- Permitir que se utilice legalmente como medio de pago y como activo de inversión.
- No convertir el bitcoin (ni otra criptomoneda) en una moneda de curso legal.
- Exigir que los Proveedores de servicios cripto se registren.
Ley Fintech en Chile
En enero Chile aprobó la Ley Fintech (N° 21521) que define a las fintech como “actividades que impliquen el uso y aplicación de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos y servicios financieros.
La ley establece un Registro de Prestadores de Servicios Financieros administrado por la Comisión para el Servicio Financiero, quién también fiscalizará el cumplimiento normativo. Las empresas que trabajen con las actividades reguladas deben inscribirse en el Registro.
El objetivo de la ley es regular los sistemas alternativos de transacción, entre los que se cuenta las criptomonedas. El enfoque está puesto en regular los servicios y no las entidades.
Entre las obligaciones de las fintech la ley menciona:
- Brindar información a los clientes y al público general.
- Realizar gestión de riesgos y adoptar el gobierno corporativo.
- Dar garantías del cumplimiento de sus obligaciones.
- Contar con la autorización de la CMF e inscribirse en los registros que les correspondan.
Por otro lado, La ley define a lo criptoactivos como una “representación digital de unidades de valor, bienes o servicios, con excepción de dinero, ya sea en moneda nacional o divisas, que pueden ser transferidos, almacenados o intercambiados digitalmente”.
RITE en Argentina
La Oficina Anticorrupción lanzó en enero el primer registro de empresas para la prevención de la corrupción; el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE). Su propósito es contribuir al desarrollo y madurez de los programas de integridad de las empresas para promover ambientes transparentes en negocios y mercados.
La plataforma digital RITE se encuentra en línea con información sobre las instancias que deberán recorrer aquellas organizaciones que quieran mostrar su compromiso con sus Programas de Integridad.
El RITE pretende mejorar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la contratación con el Estado. Esto está detallado en la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Se trata de avanzar en la estandarización del Compliance Corporativo. La inscripción en este registro será un requisito obligatorio para participar de licitaciones públicas.
El RITE incluye varios formularios, elaborados en mesas de trabajo por profesionales especializados. De esta manera, se puede encontrar un formulario referido a Programas de Integridad que contiene preguntas sobre los programas de las organizaciones. Mediante este formulario es posible identificar problemas y aspectos a mejorar.
Por otro lado, se elaboró un formulario de Debida Diligencia con dos objetivos: aportar información con un enfoque basado en riesgos y brindar información sobre eventuales antecedentes judiciales y las acciones de remediación que la empresa haya implementado.
Además, la plataforma contiene una Caja de Herramientas con recursos de aprendizaje y guías sobre el registro. Allí se incluye material informativo, videos, plantillas y documentos modelo para acompañar el fortalecimiento de las acciones de integridad de las organizaciones.
