Última actualización: 27 marzo, 2024
La identificación de los beneficiarios finales se ha establecido como uno de los pilares fundamentales para garantizar la transparencia y la integridad de las transacciones financieras internacionales. Organizaciones como el GAFI y la OCDE han liderado la creación de estándares internacionales destinados a asegurar que los países implementen medidas efectivas para identificar a las personas naturales que finalmente poseen, controlan o se benefician de entidades y arreglos legales.
Seguir los estándares internacionales facilita la adopción de un enfoque uniforme y coherente en la lucha contra el lavado de activos. Permite a los países alinear sus políticas y prácticas con las mejores prácticas globales, promoviendo así una colaboración más estrecha y efectiva a nivel internacional. Esta armonización es crucial para cerrar las brechas que los delincuentes podrían explotar para ocultar sus activos a través de complejas estructuras corporativas y jurídicas.
Definición y registro de Beneficiarios Finales
Una definición clara y consistente de “beneficiario final” es esencial para la implementación efectiva de cualquier marco de transparencia. Según GAFI, un beneficiario final se refiere a la persona natural que posee o controla un cliente, o en cuyo nombre se realiza una transacción. Esta definición subraya la necesidad de ir más allá de las fachadas corporativas para identificar a las personas reales detrás de las estructuras legales.
La creación de registros de beneficiarios finales, accesibles por las autoridades y, en ciertos casos, por el público, es un paso adelante en la promoción de la transparencia. Estos registros deben contener información precisa y actualizada sobre quiénes son los beneficiarios finales de las entidades jurídicas, garantizando así que esta información esté disponible para las investigaciones sobre lavado de activos y otros delitos financieros.
Desafíos en la implementación
La implementación efectiva de estándares para identificar a los beneficiarios finales presenta varios desafíos. La complejidad de las estructuras corporativas, las diferencias en las legislaciones nacionales y la resistencia por parte de ciertos sectores empresariales son obstáculos significativos. Además, la eficacia de los registros depende de su capacidad para recopilar información adecuada y de la imposición de sanciones efectivas a quienes incumplan.
Cooperación internacional y el intercambio de información
Una pieza clave en la prevención del lavado de activos es el intercambio de información entre países. La Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y el Estándar Común de Reporte de la OCDE son ejemplos de cómo la cooperación internacional puede facilitarse mediante acuerdos y estándares comunes. Estos marcos promueven el intercambio efectivo de información financiera y sobre beneficiarios finales, respetando al mismo tiempo la confidencialidad y la protección de datos personales.
Registros de Beneficiarios Finales en Latinoamérica
Diversos países de la región han adoptado estas medidas, buscando cerrar las brechas que facilitan prácticas financieras ilícitas. Países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay, incorporaron la exigencia de este registro.
Aunque la iniciativa es prometedora, ciertas excepciones en las legislaciones nacionales han generado preocupaciones. Comúnmente, empresas cotizadas en bolsa y fondos de inversión han sido excluidos de la obligación de registrar sus beneficiarios finales en varios países. Esto genera potenciales vacíos legales que podrían ser explotados para actividades de lavado de dinero o evasión de impuestos. Sin embargo, algunos países de América Latina han tomado medidas para mitigar estas lagunas.
Argentina, Perú, Ecuador y Colombia exigen a las compañías cotizadas en mercados de valores el registro de sus beneficiarios finales. Asimismo, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay han extendido esta obligación a ciertos fondos de inversión.
En Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos no solo abarca a las sociedades locales sino también a entidades extranjeras con vínculos significativos con argentinos. Brasil amplía la obligación de registro a entidades extranjeras que mantienen activos en el país o realizan ciertas operaciones, mostrando un enfoque que incluye a actores extranjeros.
Colombia impone requisitos similares a entidades extranjeras que concentran más del 50% de sus activos dentro del país, integrándolas así al sistema de transparencia financiera nacional. Uruguay, por su parte, adopta una perspectiva inclusiva, aplicando el registro tanto a sociedades locales como a extranjeras que operan mediante establecimiento permanente, tienen su dirección efectiva en el país o poseen activos relevantes en territorio uruguayo.
Una herramienta para identificar al Beneficiario Final
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