Última actualización: 1 junio, 2023
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina actualizó la regulación de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) para mejorar la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
La nueva Resolución UIF 35 se publicó en el Boletín Oficial el 2 de marzo de 2023. Establece cambios para adecuar el marco normativo a los estándares internacionales. En concreto, se modifica la Resolución UIF N° 134/2018 en lo que respecta a clientes y beneficiarios finales con carácter de PEP.
Los cambios más importantes para las PEPs
La nueva Resolución UIF 35 mantiene la condición de PEP por el plazo de dos años después de que la persona haya terminado su cargo público. Sin embargo, una vez cumplido este plazo cada sujeto obligado debe evaluar el nivel de riesgo del cliente o beneficiario final considerando varios factores de riesgo, entre los que se destacan:
- La relevancia de la función desempeñada
- La potestad de disposición y/o administración de fondos.
- La antigüedad en la función pública ejercida.
Otro de los cambios más importantes tiene que ver con la incorporación de las acciones de debida diligencia reforzada que deben realizar los sujetos obligados a las PEPs extranjeras. Es decir, esta modificación sigue los lineamientos de la Recomendación 12 del GAFI. De este modo, los sujetos obligados deben:
- Obtener la aprobación del oficial de cumplimiento para iniciar las relaciones comerciales, o mantener las mismas con este tipo de clientes y sus beneficiarios finales en aquellos casos donde ya existe una relación comercial y modifican su condición de PEP.
- Adoptar las medidas razonables para poder establecer el origen de los fondos y del patrimonio.
- Adoptar las medidas de debida diligencia reforzadas en relación con este tipo de cliente y realizar el monitoreo continuado de la relación comercial.
Por otro lado, se reemplazará el término de “afinidad” con una PEP por “parentesco o cercanía”. El objetivo de este cambio es brindar mayor certidumbre respecto al alcance de los vínculos con Personas Expuestas Políticamente. Además, se agregó la obligación de informar la condición de PEP de los beneficiarios finales.
La razón detrás de los cambios
Estas modificaciones están enmarcadas en un proceso de actualización del marco regulatorio que la UIF está llevando adelante para mejorar la efectividad del Sistema Nacional de Prevención de LA/FT. El objetivo es alinearse con las recomendaciones GAFI, los resultados de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del país.
La normativa comenzará a regir el 1 de abril de 2023. Por lo tanto, en esa fecha quedará, también, derogada la Resolución UIF N° 134/18.
¿Cómo cumplir con la resolución sobre PEPs?
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